Desde que entró en vigor esta ley, vemos que lo único que ha hecho es colapsar el mercado del alquiler.
En esta revisión de la Ley de la Vivienda, vamos a comentar cómo ha provocado que se incremente el precio de las compraventas de viviendas. Concretamente, hablamos de la Ley de Vivienda, Ley 12/2023 de 14 de mayo.
Como despacho especializado en alquileres y desahucios, conocemos de primera mano mucha de la problemática causada por esta ley, aunque la cosa venía de atrás en el mercado del alquiler, en concreto desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 37/2020 y sus sucesivas prórrogas.
Efectos demanda y oferta.
Hemos advertido, no sin cierta alarma, el incremento de la renta de alquiler para los nuevos contratos. La oferta de pisos en alquiler ha disminuido de manera abrupta ya que los propietarios no se arriesgan a alquilar sus viviendas como consecuencia de todas las medidas adoptadas por el gobierno para proteger a los arrendatarios vulnerables mientras desprotege totalmente a los propietarios que alquilan sus propiedades.
Hoy, en ciudades como Valencia, es casi imposible encontrar una vivienda “aceptable” por menos de mil euros al mes.
Lo que antes no era un problema se ha convertido en uno de los problemas más importantes para cualquier persona que busque una vivienda. Todo esto es consecuencia de una deriva ideológica del gobierno que interviene en el mercado hasta destruirlo por completo. Sabemos que en ciudades como Barcelona las viviendas en alquiler han disminuido en un 47%, mientras que los precios del alquiler se han incrementado en un 24% desde la entrada en vigor de la ley.
Tabla de contenidos
Expectativas ante las medidas anunciadas.
Las nuevas medidas que se anuncian por el gobierno, como gravar las segundas viviendas vacías, no harán sino empeorar una situación ya de por sí grave porque existen muchas personas que han sido excluidas del mercado del alquiler por el incremento del precio y la disminución de la oferta. Estas personas tampoco pueden permitirse comprar una vivienda, ya sea de obra nueva o de segunda mano, y a lo máximo que pueden aspirar es a compartir un piso alquilando una habitación.
De vivienda habitual a temporal.
Los propietarios han sido desincentivados por las políticas gubernamentales intervencionistas que han conseguido que muchos arrendamientos de vivienda habitual se hayan convertido en arrendamientos temporales, justamente para huir del intervencionismo estatal.
Agravamiento de la situación.
Como ya hemos indicado, esta situación no nace de la nada, es consecuencia directa de la aplicación de unas políticas completamente erróneas por parte del gobierno, que además de no reconocer los errores cometidos, persigue seguir agravando la situación, lo que no es muy esperanzador.
Desprotección al propietario.
Se ha errado totalmente al señalar a los propietarios de vivienda en alquiler y desprotegerles, ya que, en España, más del 90% de este tipo de propietarios son pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda y no grandes tenedores, de los que tanto gusta a hablar a algún partido de la coalición de gobierno.
Inexistente vivienda social.
No se ha construido vivienda social en España, a pesar del anuncio de la construcción de cientos de miles de ellas. Sólo son anuncios, nada más que eso. Nada en concreto, nada que se pueda ver ni comprar, ni tan solo alquilar.
Inquilinos afectados.
Creemos que la política de vivienda seguida por el gobierno es nefasta para los españoles, especialmente los jóvenes que carecen de suficiente capital como para adquirir una vivienda y tampoco pueden acceder al mercado de alquiler por culpa del alza de los precios.
Los que se han beneficiado en cierto modo de la ley de vivienda son los inquilinos que tienen un contrato en vigor porque la actualización de la renta no se liga ya al IPC, sino al IRAV. No obstante, la alegría les durará poco, ya que cuando tengan que volver al mercado a buscar una nueva vivienda que alquiler tendrán que hacer frente a la realidad como el resto de los ciudadanos que buscan una vivienda para comprar o alquilar.
El gobierno sigue sin entender que para bajar los precios hay que aumentar la oferta, no la demanda. De esta segunda manera, vía aumenta la demanda, lo único que se consigue es excluir a cada vez más personas del mercado.
Zonas tensionadas.
Las nuevas medidas del gobierno van por gravar aún más a los propietarios y por limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. Las consecuencias son evidentes, más fugas de viviendas del mercado de alquiler, para venderlas, convertirlas en alquileres turísticos, de temporada o por habitaciones.
Presionando a los propietarios no se conseguirá nada más que reducir la oferta de vivienda. Lo que hay que hacer es justo lo contrario, pero las políticas populistas y electoralistas nos han traído hasta aquí.
Revisando la ley.
El problema ya tiene difícil solución porque no se va a derogar la ley ni ninguna de las medidas que afectan negativamente a los propietarios. El preámbulo de la Ley dice que:
La vivienda resulta ser, así, un bien esencial de rango constitucional que presenta múltiples dimensiones. Desde esta perspectiva, el propio Tribunal Constitucional ha reiterado que no constituye un título competencial autónomo, sino que puede recaer bajo distintos títulos competenciales estatales o autonómicos dependiendo de cuál sea el enfoque y cuáles los instrumentos regulatorios utilizados en cada caso por el legislador. Dicha complejidad competencial es clara consecuencia de las distintas dimensiones constitucionales que presenta la vivienda.
La vivienda constituye, ante todo, un pilar central del bienestar social en cuanto lugar de desarrollo de la vida privada y familiar, y centro de todas las políticas urbanas. Pero también, desde el punto de vista de su soporte físico, es un bien que acota un sector económico dedicado a su producción, puesta en el mercado y su gestión. De hecho, en el conjunto de la edificación urbana, la vivienda ocupa el 80% del espacio construido y, como tal, es un factor determinante de la estructuración espacial.”
Se ha conseguido justo lo contrario de lo reseñado en el preámbulo de la ley y además no se tiene ninguna intención de rectificar, si no agravar aún más los problemas que aquejan tanto al mercado del alquiler como al de la compraventa de viviendas.
Enlaces externos.
BOE-A-2023-12203 Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.